La resoluciĂłn emitida se dictĂł con la medida cautelar N° 892012 que impone suspensiĂłn preventiva al juez de paz de Roma y fue firmada por Enrique Javier Mendoza Ramirez, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
SegĂșn la resoluciĂłn, el Fiscal adjunto de Ascope Carlos Macchievelo Barriga enviĂł una queja ante la ODECMA de La Libertad referida a la investigaciĂłn preventiva que se encuentra realizando a solicitud de la intendencia de Aduanas de Salaverry.
A raĂz de esta investigaciĂłn se le abriĂł proceso disciplinario en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) y fue la jefa de esta instituciĂłn Alicia Tejeda Zavala, quien solicitĂł toda la documentaciĂłn para el anĂĄlisis respectivo.
De acuerdo a la investigaciĂłn, al Juez de Paz Enrique Javier Mendoza le atribuyen haber vulnerado deberes funcionales por inmatricular (legalizar) siete vehĂculos sin el debido procedimiento y requisito de ley.
AdemĂĄs, de haber tramitado un proceso sin tener competencia para ello. Por estas considerandos, el Ărgano de Control de la Magistratura dispuso resolver e imponer medida cautelar de suspensiĂłn preventiva hasta que la fiscalia de Ascope emita una resoluciĂłn final sobre las investigaciones que le solicitĂł Aduanas de Salaverry.
HISTORIA CONOCIDA
Luego de un paciente seguimiento a la inscripciĂłn de vehĂculos en la zona registral N° II – Chiclayo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de AdministraciĂłn Tributaria (Sunat – La Libertad) logrĂł descubrir una bien montada organizaciĂłn dedicada a la formalizaciĂłn de automĂłviles que ingresaron al paĂs burlando todos los controles aduaneros.
Con el objetivo de formalizar este hecho, los integrantes de esta mafia utilizaron al juez de Paz de Primera NominaciĂłn del centro poblado de Roma (Casa Grande), Segundo Vidal Ramirez, quien formalizĂł mediante procesos legales las actividades ilegales, donde no se descarta que haya formalizado 29 vehĂculos valorizados cada uno en un aproximado de 110 mil dolares.
MAQUIAVĂLICOS
En el expediente de la Superintendencia de Administración Tributaria se pudo verificar que todo el proceso se inicia un 15 de octubre de 2008, cuando se celebra un contrato privado de préstamo de dinero de 17 mil 550 soles entre Santos Navis Sare (deudor) y Daniel Rosas Vidal (acreedor).
De acuerdo a las clausulas del documento se indica que el deudor deja en garantĂa, a favor del acreedor un camiĂłn marca Mitsubishi (carrocerĂa microbĂșs) y un automĂłvil Toyota Corolla (station wagon) que al cabo de un año si no paga la cantidad pactada se quedarĂĄ con los vehĂculos.
Para confirmar que todo se trataba de un arreglo, transcurre el tiempo establecido y el acreedor interpone una demanda de obligaciĂłn de dar suma de dinero ante el Juzgado de Primera NominaciĂłn de Roma para que los vehĂculos que le fueron puestos en garantĂa pasen a su propiedad de acuerdo al contrato.
El tiempo pasa y el Juzgado emite una resoluciĂłn de conciliaciĂłn entre ambas partes a favor del entonces acreedor en esta caso a Daniel Rosas Vidal para que se le transfiera los tres vehĂculos a su nombre y para tal efecto se oficie a la Oficina Registral de la ciudad de Chiclayo, a fin de que los registre.
El proceso ilegal fue descubierto por Aduanas y ahora se encuentra en litigio, ya que inmatricular vehĂculos no es competencia de un juez de Paz. La situaciĂłn se torna critica para la autoridad. LaIndustria
CASA GRANDE: Suspenden a juez de Roma por irregularidades
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agosto 22, 2012
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